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derecho a la ciudad, ambigüedad de una reivindicación consensual
El derecho a la ciudad representa un proyecto sumamente anti-neoliberal, porque implica poner la ciudad al servicio del habitante y no esté al servicio de una ciudad dominada por intereses capitalistas). En 1968, Lefebvre introdujo esta exigencia ética —el derecho a la ciudad— como una bandera susceptible de unir expertos en urbanismo y grupos políticos, a la clase obrera. Sin embargo, el derecho a la ciudad, por su carácter difuso, facilita confusiones y amalgamas. En la dimensión particular del acceso, el derecho a la ciudad puede tomar la forma de una exigencia de accesibilidad máxima como principio fundamental de justicia social y eficacia económica. Esta reformulación del derecho a la ciudad como derecho a la ciudad accesible permite ponerlo al servicio de un ordenamiento neoliberal del espacio urbano; es decir, exactamente en contra del proyecto inicial de Lefebvre y de la voluntad de varios militantes de hoy en día. No basta con subrayar esta amenaza; es importante entender que la naturaleza ambigua del derecho a la ciudad funda, a la vez, el riesgo de su manipulación y su utilidad táctica, permitiendo alianzas amplias y hasta contranaturales.