| Sumario: | Resumen Los mecanismos de consulta, particularmente aquellos dirigidos a los pueblos indígenas y campesinos, han sido promovidos por instituciones internacionales e incorporados a la normativa legal a lo largo de América Latina. En Bolivia, la consulta ha sido codificada legalmente desde 1991 y ha sido integrada a la normativa que gobierna la extracción minera y de hidrocarburos, así como a la Constitución Nacional de 2009 sólo recientemente. A pesar de ser un requisito legal, la consulta no se implementa con regularidad y tampoco es vinculante en términos jurídicos. Como resultado, ni las empresas privadas ni el estado están obligadas a cumplir las recomendaciones comunitarias. Asimismo, las comunidades no tienen derecho a frenar los proyectos a los que se oponen. Este artículo examina la consulta pública comunitaria en el sector minero de Bolivia. Basado en investigación etnográfica en el departamento boliviano de Oruro, propongo que los procesos de consulta pública son gestionados con fruición y circunscribiendo las opiniones emitidas a nivel local. En vez de fomentar la participación en la gobernanza de recursos naturales por parte de las poblaciones afectadas por la minería, la consulta pública circunscribe y despolitiza las relaciones sociales desiguales e injustas, con el fin de legitimar actividades extractivas. [Bolivia, minería, consulta pública, consulta previa, desarrollo participativa]
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