| Sumario: | Por primera vez en Chile se lleva a cabo un estudio empírico orientado a comprobar el grado de protección jurídica de las personas privadas de libertad frente a los actos u omisiones abusivos o ilegales de que son objeto durante su encierro. La tarea abordada por el estudio nos parece tanto más encomiable si se considera el entorno político-criminal en el que aquél se ha desarrollado: crecientes demandas de seguridad que se traducen, casi únicamente, en más penas y más cárcel; vastos sectores de población anatemizados por considerarse focos de cultivo de violencia y delincuencia; fuerte sensación de amenaza y miedo, azuzada por los medios de comunicación social y por sectores políticos interesados, etc.
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