| Notas: | Los ayuntamientos gozan de autonoma̕ financiera, y de ciertos mr̀genes de decisin̤ polt̕ica en materia tributaria; adems̀, tienen la facultad de dictar disposiciones normativas: las ordenanzas. Estas disposiciones tienen rango reglamentario, pero no se pueden asimilar sin ms̀ a los reglamentos ejecutivos, porque al emanar de entes con capacidad de decisin̤ polt̕ica, de direccin̤, no se limitan a desarrollar una ley previa que ya ha asumido las opciones polt̕icas correspondientes, sino que pueden ir ms̀ all,̀ incorporando decisiones no meramente ejecutivas, no contenidas en el mandato de la norma con rango de ley. Por otra parte, el m̀bito tributario se encuentra afectado por la aplicacin̤ del principio de reserva de ley; esto implica la obligacin̤ de regular ciertas cuestiones en niveles normativos superiores al reglamentario, pero la interpretacin̤ y aplicacin̤ del principio son els̀ticas. La concurrencia de la autonoma̕ municipal con el principio de reserva de ley hace que las ordenanzas planteen problemas distintos a los de los meros reglamentos emanados del poder ejecutivo. El trabajo analiza estas cuestiones, y llega a conclusiones sobre el m̀bito posible de actuacin̤ de las ordenanzas, teniendo en cuenta que el principio de reserva de ley no sl̤o garantiza la autoimposicin̤, sino adems̀ determinados valores de coherencia o coordinacin̤ que se ligan de forma muy importante a la estructura del Estado que ha diseądo la Constitucin̤ Espaǫla. |
|---|
