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|a La estrecha relacin̤ existente entre el crecimiento econm̤ico y la eficacia del sistema judicial es continuamente destacada por las ms̀ relevantes organizaciones econm̤icas internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional, el Foro Econm̤ico Mundial, el Banco Mundial, la Organizacin̤ para la Cooperacin̤ y Desarrollo Econm̤icos o el Banco Central Europeo. El sistema judicial debe ser pues eficaz, esto es, intentar obtener la respuesta ms̀ acertada en el mn̕imo tiempo posible. Pero, como servicio pb︢lico que es, la justicia no sl̤o debe ser eficaz, sino tambiň eficiente, es decir, capaz de conseguir sus fines con la mx̀ima optimizacin̤ de recursos, y a la vez transparente, generando la mx̀ima confianza posible entre todos los stakeholders, sean ciudadanos, empresas e instituciones nacionales o potenciales inversores extranjeros. En Espaą, se han dedicado numerosos estudios a analizar la eficacia de la justicia como garante de los derechos subjetivos. Sin embargo el anl̀isis de sus niveles de eficiencia econm̤ica y transparencia son prc̀ticamente vr̕genes en nuestra literatura cientf̕ica, seguramente habida cuenta del carc̀ter interdisciplinar de la materia, y ello pese a que son ya muy numerosos los datos estads̕ticos publicados tanto a nivel espaǫl, principalmente por el Servicio de Estads̕tica del Consejo General del Poder Judicial, como especialmente europeo, por obra de los informes de la Commission Europěnne pour lEfficacit ̌de la Justice. En el presente trabajo se abordan dichas cuestiones prestando especial atencin̤ a la situacin̤ espaǫla en el contexto europeo. Se destacan as ̕los reducidos coeficientes de determinacin̤ en las correlaciones entre presupuesto per capita asignado y duracin̤ de los procesos judiciales o confianza ciudadana en el sistema judicial. Con los l︢timos datos disponibles a efectos comparativos (2012), la justicia espaǫla con un presupuesto de 80,92 euros anuales per capita, superior por tanto a los 60,22 de media europea, obtuvo una disposition time, o duracin̤ promedio de la tramitacin̤ de asuntos no penales en primera instancia, de 260 da̕s, superior a la media europea de 238, situǹdose empero en la vigšimotercera posicin̤ de los veintiocho pas̕es de la UE en el n̕dice de confianza ciudadana en el propio sistema judicial. Del anl̀isis de los datos se concluye pues que el principal problema de la justicia espaǫla no es tanto de recursos, como de deficiente organizacin̤, a cuyo fin, en el l︢timo capt̕ulo del trabajo se articulan diversas propuestas de medidas concretas, algunas seguramente muy polm̌icas, para intentar mejorar los niveles de eficiencia y transparencia del sistema judicial espaǫl.
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