| Notas: | La corrupcin̤ electoral, definida como aquel conjunto de acciones u omisiones que tienen por finalidad alterar los legt̕imos resultados que deba̕n haberse proclamado tras la celebracin̤ de un proceso electoral, conforma la forma ms̀ importante de corrupcin̤ polt̕ica. Manipular un proceso electoral supone el atentado ms̀ elemental a las estructuras ms̀ esenciales del sistema polt̕ico democrt̀ico. Si esta corrupcin̤ se centra en el proceso electoral no cabe duda que ser ̀el periodo electoral el que adquiera una especial relevancia, con las peculiaridades que ello implica. Ello permite la construccin̤ de conceptos propios que sl̤o adquieren tal especificidad dentro del periodo electoral y en el desarrollo del proceso electoral. As ̕sucede, por ejemplo con la condicin̤ de “funcionario pb︢lico” del sujeto activo o el carc̀ter de “documento pb︢lico”, conceptos que adquieren unas dimensiones muy diferentes a las que tienen en el que pudiřamos llamar Derecho sancionador comn︢, pero que se proyectan de forma especf̕ica en el proceso electoral y que son esenciales para garantizar la limpieza del sufragio. Al respecto, la Ley Orgǹica 5/1985, de 19 de junio, del Rǧimen Electoral General en su Capt̕ulo VIII, rubricado “Delitos e infracciones electorales”, recoge un sistema sancionador especf̕ico en materia electoral, distinguiendo, de un lado, las conductas especf̕icas constitutivas de delito electoral, y, de otro, una clùsula genřica relativa a la consideracin̤ de infraccin̤ electoral administrativa a toda infraccin̤ de las normas obligatorias establecidas en la Ley electoral que no hayan sido calificadas expresamente como delito. |
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