| Notas: | En el momento de corregir este estudio ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de proteccin̤ de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y econm̤ica. Su Disposicin̤ final primera ha modificado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el m̀bito social y econm̤ico para hacer frente al COVID-19 y, en concreto, el artc̕ulo 1 bis, que afecta al delito de usurpacin̤ y, en concreto, al tipo del apartado 2 del art. 245 CP. En el anl̀isis de este tipo se har ̀una primera valoracin̤ de las consecuencias de esta norma ya que, aunque haya condena penal, excluye el lanzamiento en algunos casos y con ello puede provocar una quiebra de principios esenciales del derecho penal y del derecho a la tutela judicial efectiva. Son los hurtos, robos y defraudaciones los delitos patrimoniales y contra el orden socio-econm̤ico con mayor presencia en la prc̀tica judicial. Sus perfiles criminolg̤icos y sociolg̤icos ponen de manifiesto que hay una cierta contraposicin̤ entre los hurtos y robos, como delitos que se cometen en los sustratos sociales ms̀ humildes, y las defraudaciones, como delitos que se cometen en todas las capas de la sociedad. Incluso, se puede considerar que las pequeąs defraudaciones son propias de las clases sociales bajas y las grandes estafas se comenten por personas que pertenecen a los estratos sociales medios y altos. La finalidad de este estudio es proporcionar un anl̀isis exclusivamente prc̀tico de estos delitos. Se trata de exponer, desde el examen de la jurisprudencia y las decisiones de los r̤ganos jurisdiccionales inferiores, aquellas cuestiones que para los prc̀ticos del derecho penal pueden tener ms̀ interš, precisamente por su frecuencia. Junto a interpretaciones ya consolidadas sobre los elementos cls̀icos de estos delitos, se exponen los criterios que los tribunales estǹ aplicando a estos delitos, principalmente en tanto los mismos se han visto modificados por las reformas del Cd̤igo Penal de 2010 y 2015. Y en este punto hay que indicar que desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no sl̤o est ̀fijando una doctrina jurisprudencial sobre los nuevos delitos. Frente al escaso acceso a la casacin̤ de los delitos menos graves antes de la reforma procesal, ya se est ̀produciendo una modernizacin̤ o actualizacin̤ de la jurisprudencia sobre dichos delitos. |
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