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|a Aunque la presin̤ identitaria en algunas Comunidades Autn̤omas trata de imponer la ±inmersin̤ lingüs̕tica» en sus lenguas vernc̀ulas, especialmente en el campo educativo, desplazando en sus espacios territoriales el idioma espaǫl comn︢, la Constitucin̤ Espaǫla configura a la lengua castellana como lengua de la Soberana̕ Nacional, n︢ica e indivisible, que reside en el pueblo espaǫl, del que emanan todos los poderes del Estado, declarǹdola su lengua oficial y prescribiendo que todos los ciudadanos, que gozan de iguales derechos constitucionales con independencia de su vecindad, tienen el deber de conocerla y el derecho de utilizarla. As,̕ el estatuto constitucional del castellano se sobrepone a cualquier rǧimen de cooficialidad posible de las dems̀ lenguas, integrantes del patrimonio cultural espaǫl, que, de acuerdo con sus respectivos Estatutos, puedan establecer las Comunidades Autn̤omas. De modo que ±una exǧesis objetiva de la Constitucin̤ no permite equiparar las diversas lenguas oficiales ex statuto con el castellano, pues el modelo constitucional espaǫl es un bilingüismo jerarquizado y dicha regulacin̤ marca una neta superioridad del rango jurd̕ico del idioma castellano sobre las dems̀ lenguas territoriales», respecto de las que tampoco cabe imponer la obligatoriedad de su conocimiento; por eso, el idioma castellano es, ex constitutione, necesariamente la lengua vehicular de la relacin̤ de todas las Administraciones Pb︢licas con los ciudadanos y ninguna norma jurd̕ica o resolucin̤ administrativa, ni decisin̤ de autoridad, de cualquier clase o rango que sea, puede, directa o indirectamente, preterir o coartar, mucho menos excluir, su empleo.
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