| Sumario: | El 18 de octubre del 2019, Chile fue testigo de la mayor movilización social de las últimas décadas, con marchas y concentraciones autoconvocadas en todo el país. El denominado “Estallido Social” expresó con inusitada fuerza y persistencia diversas demandas en torno a cuatro áreas principalmente: transporte público, educación, salud y pensiones (Folchi, 2019). Además, se organizaron en distintos territorios cabildos, encuentros y conversatorios. Así, las personas no sólo manifestaron el malestar arrastrado por décadas, sino que comenzaron a elaborar propuestas para la construcción de un nuevo pacto social (Ojeda & Campos, 2020). Dicho proceso de convulsiones sociopolíticas se vio agudizado por la pandemia mundial provocada por el virus COVID-19 que marcó la pauta del año 2020 (Leiva et al., 2020). Tal como explican Ojeda y Campos (2020), ambos fenómenos han visibilizado distintos elementos políticos, sociales, culturales y económicos que son problemáticos para el desarrollo del país. Ante este contexto, el gobierno ha impuesto restricciones a la libertad individual bajo la militarización de las calles, los toques de queda, la intromisión en datos personales, canales para la delación entre vecinos/as y la regulación de la vida privada (Diamint, 2020). Todo lo anterior justificado por el discurso de la seguridad interna y la salud de la población (González, 2020)
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