| Sumario: | Desde fines del siglo pasado, Chile ha tenido como desafío prioritario la Modernización del Estado, a través de programas de mejoramiento de gestión pública, de utilización de nuevas tecnologías y, la debida aplicación de la normativa sobre transparencia financiera y administrativa. Este nuevo escenario, ha requerido que los últimos gobiernos establezcan las bases para generar los cambios en su Administración Pública, cimentados en la creación, aplicación y ejecución de Políticas Gubernamentales. La implementación de estas Políticas, requiere contar con un ordenamiento social, económico, político y jurídico, el que está establecido en la Constitución Política del Estado y, tiene como prioridad, la búsqueda y consolidación del “bien común”3; su finalidad trasciende los fines particulares tanto del Estado, como de la Sociedad.
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